El concepto de gobierno abierto, tal y como se utiliza hoy, ha sido más el resultado de la labor de consultoras y estrategias políticas que un concepto generado por las ciencias sociales, de ahí la dificultad de su uso con rigor analítico. Gobierno abierto puede ser todo y puede ser casi nada. Desde una opción de mínimos, gobierno abierto es sinónimo de gobierno transparente. Este uso del concepto tiene su origen en la Ilustración y en las fases iniciales de construcción de la democracia moderna. La democracia requiere ciudadanos/as informados, exige personas con capacidad para juzgar lo que hace el gobierno y ello sólo se puede alcanzar con la transparencia y la formación. Además, se debe generar transparencia para conseguir que los observados se comporten bien pues, en frase de Jeremy Bentham: «Cuanto más te observo, mejor te comportas». Que se usen nuevas tecnologías y open data es cuestión secundaria en esta opción «liberal» del concepto (Yu y Robinson, 2012).
Desde una opción de máximos, gobierno abierto sería el correlato de una sociedad abierta, es decir, con plenas libertades y derechos y activa cívicamente. Y ambos, gobierno y sociedad abiertos, serían los componentes clave de una democracia de calidad. Una definición amplia consideraría al gobierno abierto como «una filosofía político administrativa» que articula un modelo distinto de interacción sociopolítica, y que, basado firmemente en los valores y principios de la transparencia, de la democracia participativa, del empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, del open data y del uso de avances tecnológicos, se constituye como un modo y/o estrategia para el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas (incluidas las de modernización administrativa), que ubica al ciudadano en el centro de atención y de prioridad y configura los gobiernos como plataformas que promueven la colaboración e interacción, ofreciendo así una alternativa holística para la gestión de lo público (Cruz Rubio, 2014).
La llegada del Presidente Barack Obama a la Casa Blanca ha supuesto la puesta de moda de este concepto, pues Obama ha hecho de lo abierto uno de los rasgos esenciales de su gobierno. Más aún, ha liderado, junto a otros siete países, la denominada Open Government Partnership (OGP). La OGP es una iniciativa internacional voluntaria surgida en 2011 que busca el establecimiento de compromisos de los gobiernos en el nivel nacional con sus ciudadanos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la gobernanza democrática; y que ofrece un foro internacional para el diálogo y para compartir innovaciones entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado. Para noviembre de 2015, 64 países (incluido España) conformaban esta iniciativa internacional. Bajo la OGP, los gobiernos participantes redactan planes de acción bianuales e incluyen en los mismos compromisos concretos en la materia, que son objeto de seguimiento mediante un mecanismo de revisión independiente. La OGP ha definido cuatro principios o valores clave del gobierno abierto (OGP, 2014):
- Transparencia: la información sobre las actividades y decisiones gubernamentales debe ser abierta, comprensiva, puntual, disponible libremente al público y de acuerdo con los estándares básicos de datos abiertos (bases de datos legibles por máquina).
- Participación ciudadana: los gobiernos deben movilizar a los ciudadanos para que participen en el debate público y contribuyan al desarrollo de una gobernanza más responsiva (accountable), innovadora y efectiva.
- Rendición pública de cuentas: deben existir reglas, regulaciones y mecanismos para que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones, actúen en respuesta a las críticas y acepten las consecuencias de las faltas de cumplimiento con leyes o compromisos.
- Tecnología e innovación: los gobiernos aceptan la importancia de proveer a los ciudadanos acceso abierto a la tecnología; del rol de las nuevas tecnologías en el fomento de la innovación, y de aumentar la capacidad de los ciudadanos para usar las tecnologías. Este valor es instrumental en el sentido en que el mismo se debe usar para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Un debate actual es si todos estos valores pueden llevarse plenamente a su realización o si, por el contrario, existen contradicciones internas y ello exigirá un equilibrio de valores o, incluso, una selección ideológica.