En sentido amplio, la comunicación política constituye el fenómeno y la actividad comunicacional que se despliega con incidencia o en torno a la política.
En esa línea, Fagen (1969:20) la definía como
«una actividad comunicacional considerada política en virtud de sus consecuencias, reales o potenciales, para el funcionamiento del sistema político».
Otro de los pioneros de la especialidad académica dedicada a su estudio, Chaffe (1975:15), la vincula con «el papel de la comunicación en el proceso político» y para Meadow (1980:4) se trata de «cualquier intercambio de símbolos o mensajes que de forma significativa hayan sido definidos por, o tenido consecuencias para, el funcionamiento del sistema político».
Este tipo de definiciones exaspera a los defensores rígidos del aforismo clásico de que el término definido no puede formar parte de la definición; problema en realidad insoluble para cualquier ámbito de intersección especializada o derivada como el derecho laboral, la ingeniería aeronáutica o la gimnasia rítmica, entre tantos otros.
Pero más allá de esa objeción banal, las exposiciones mencionadas traslucen una percepción demasiado identificada con los actores o dimensiones institucionales de la política –como partidos políticos, órganos de poder o procesos reglados de participación–. De hecho, otros intérpretes la asocian de forma aún más restrictiva con la confrontación respecto al ejercicio del poder entre agentes especialmente legitimados o significados, como la tríada propuesta por Wolton (1989: 28), de «los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos».
La política, como fenómeno previo sobre el que luego incidirá la acción comunicativa, es concebida hoy día como una realidad más amplia y diversa. Para Hay (2007) o Garner (2009), por ejemplo, la política engloba todo tipo de rituales y procesos mediante los que los integrantes de una comunidad confrontan diferentes intereses y valores para resolver los conflictos que afectan a la colectividad. La decantación final de esa competencia constituye sin duda un ejercicio de poder, pero en el transcurso de la misma, muchas otras acciones políticas aportan diversos grados de formalización y de impacto.
Tiempo antes y desde la propia parcela académica de la comunicación política, Blumler y Gurevitch ([1975]1995:59-60) habían señalado que además del acceso y ejercicio del poder, la política abarca muchos otros procesos de participación y legitimación y que en todos ellos la comunicación está ubicuamente insertada, ya que las acciones de gobierno han de ser expresadas y justificadas, los flujos de información resultan imprescindibles para la negociación entre grupos, o los intereses y demandas ciudadanas se manifiestan por muchas vías.
Pero en ese reconocimiento de la comunicación como instrumento vital de la actividad política subyace el riesgo de reducir toda la política a su dimensión comunicativa. La política no sólo se expresa simbólicamente o intercambia enunciaciones discursivas, sino que gestiona y distribuye recursos, ejecuta decisiones, regula el orden social y genera cambios materiales, para los que también se emplea la fuerza, coacción o extorsión en cualquiera de sus modalidades, la actividad burocrática, la producción normativa y hasta la ocultación silenciosa, entre muchos otros procedimientos de generación de resultados, que sólo cabría calificar de «comunicacionales» de una forma muy impropia (aun cuando muchos de ellos se acompañen también de algún tipo de expresión comunicativa).
Por ello, y sin plantear aquí una discusión detallada sobre el concepto de comunicación que excedería los límites de esta entrada, conviene acotar lo esencial del mismo para respaldar una comprensión más inequívoca de la comunicación política. De acuerdo con Thayer (1975: 48-51), la comunicación puede comprenderse como un proceso dinámico y recíproco entre dos o más interlocutores en el que dichos participantes toman en cuenta los estímulos cognitivos y afectivos o instintivos que los implicados transaccionan. Por su parte, los lingüistas tienden a plantear el acto comunicativo en términos de «transacción de base discursiva», aun cuando ésta pueda ser mediante múltiples tipos de lenguaje. Pero en la medida en que lo discursivo remite a cogniciones lógico-deductivas, no incluiría las inducciones paralingüísticas –énfasis, gestos, etc.–, así como las «liturgias» y «formas simbólicas», de base más irreflexiva, instintiva o afectiva –himnos, gestos, iconografías–, que también forman parte de la interacción humana en general y de la política especialmente (Mazzoleni, 2010: 117-119). Por ello, si en puridad todo proceso cognitivo implica una representación simbólica, la apelación adicional a los aspectos «hipersimbólicos» de base inductiva resulta también indispensable para abarcar toda la complejidad comunicativa.
En consecuencia, y partiendo de una formulación similar anterior, (Dader, 2008:135), la comunicación política puede identificarse como el conjunto de enunciaciones dialógicas que producen, difunden y contraponen representaciones discursivas y/o «hipersimbólicas» acerca de la política o de incidencia política, con la consiguiente generación de percepciones y reacciones individuales y colectivas sobre esa política. De forma aún más sintética Mazzoleni (2010:36) la expresa como «el intercambio y la confrontación de los contenidos de interés público-político que produce el sistema político, el sistema de medios y el ciudadano-elector». Si bien el mismo académico añade que «esta definición, como tantas otras de la literatura sectorial, no hace justicia a la extrema complejidad del fenómeno».
El ámbito así delimitado ha originado a su vez una disciplina académica interdisciplinar, en la que participan tradiciones epistémicas y metodológicas provenientes de la ciencia política, la sociología político-electoral, la opinión pública, la psicología social, la lingüística y los estudios comunicológicos, como principales vertebradores. Dicha área ha ido progresivamente configurando su propio objeto de investigación y práctica desde la publicación seminal de Eulau, Elderverld y Janowitz (1956) y el impulso más sistemático desde los años setenta, que fueron aportando autores de referencia ya indiscutible, como Chaffe, Nimmo, Edelman, Blumler, Gurevitch, Cayrol, Graber, Jamieson, Paletz, Swanson, Mancini, Kaid, Wolton, Maarek, Mazzoleni, Schultz y tantos otros. Asimismo, asociaciones como las divisiones de comunicación política de la IAMCR y de la ICA le han conferido un estatus autónomo frente a las restantes especialidades de las ciencias sociales.
Su objeto de estudio y aplicación instrumental abarca cualquiera de las facetas que de manera tan amplia han quedado señaladas sobre las relaciones posibles entre comunicación y política. No obstante, el papel jugado por las representaciones mediáticas de la política y la actividad comunicacional producida en el entorno de las campañas electorales han acaparado la parte principal de sus trabajos. De hecho, la variante teórico-profesional del marketing político ha alcanzado tal grado de reconocimiento académico, corporativo y popular que para muchos se ha convertido en sinónimo exclusivo de lo que significa ser un experto o investigador en comunicación política.
Pero sin negar la importancia de ese enfoque es imprescindible puntualizar que el análisis científico del fenómeno supera con creces la descripción de unas prácticas y la generación de recomendaciones para mejorar la imagen pública de los actores políticos. Los modelos de «la comercialización» y «la propaganda», comparten espacio con el «modelo dialógico» para interpretar la variedad de aspectos implicados (Achache, 1992), y ninguno de los tres puede ceñirse al enfoque pragmático y puramente estratégico, dominante en los dos primeros. Todos ellos requieren además el complemento normativo con el que valorar las consecuencias de la comunicación política en cada tipo de proceso.
Su objeto de análisis tampoco se limita al estudio estricto de los discursos y representaciones comunicadas (que reduciría el campo a una perspectiva lingüístico-semiótica), sino que precisa del rico abordaje psicosocial, socioinstitucional y hasta histórico-jurídico para explicar el contexto, motivaciones y efectos que rodean la producción y recepción de mensajes políticos.