Fórmula de financiación asociada generalmente a las organizaciones sin ánimo de lucro que consiste en la recolección de dinero u otros recursos a través de diversas estrategias con el fin de sufragar los costes de las actividades que realiza dicha entidad. Normalmente, el origen de los recursos es privado, aunque en función del tipo de entidad de que se trate y de sus fines dicha fórmula es susceptible de ser utilizada para la obtención de ayudas públicas.
La colecta de fondos suele tener un carácter ocasional, estableciéndose así una importante diferencia con las cuotas de miembros numerarios o afiliados de una organización. Los recursos recibidos son, en última instancia, donaciones, pero con la singularidad de que lo recaudado está orientado a un fin concreto y motivado por un interés preciso en el tiempo.
En el ámbito de la política este mecanismo de financiación entronca con las posibilidades de obtención de recursos de las organizaciones y las candidaturas para el desarrollo de sus actividades, especialmente las electorales. Dentro de dichas posibilidades –usualmente recogidas en las regulaciones y normativas de la actividad política– los estudios que han indagado en el origen de los activos que pueden conseguir los actores políticos han distinguido entre los que provienen de fuentes públicas y los de origen privado (Del Castillo, 1985). Los primeros se refieren a todos aquellos recursos que directamente son consignados a los grupos políticos o candidatos en los presupuestos públicos para desarrollar su actividad orgánica o hacer frente a los gastos derivados de los procesos electorales. En este marco, también se consideran activos públicos indirectos las bonificaciones fiscales. Por su parte, los recursos privados son aquellos provenientes de particulares en cualquiera de sus fórmulas –a título individual, de entidades privadas, empresas o lobbies, activos crediticios, etc.–, además de los beneficios que derivan de las actividades comerciales que pueden desarrollar los miembros de una organización con los activos de esta y en su beneficio.
No obstante, la colecta de fondos como mecanismo de financiación no se asocia en exclusiva a la obtención de recursos. En aquellos entornos en los que el grueso de los recursos organizativos depende mayoritariamente de las aportaciones privadas se diseñan e implementan verdaderas campañas para la recaudación de fondos a través de esta vía. Sin embargo, la puesta en marcha de esta fórmula pretende también de forma indirecta crear un vínculo entre el donante y actividad que se avala, con el objetivo de incrementar paulatinamente el número de adeptos a la causa. En las contiendas electorales la colecta en sí puede convertirse también en una actividad de movilización política de votantes dentro de la campaña electoral. Un caso paradigmático es el de los Political Action Committees (PACs) del sistema político estadounidense, que son organizaciones creadas para recaudar fondos a favor o en contra de los distintos candidatos (Austin y Tjernström, 2003).
Las estrategias que se pueden llevar a cabo para recaudar fondos son variopintas y se vinculan con las tradiciones culturales de cada contexto. En el ámbito político son ejemplos típicos las cenas con los candidatos, la venta de propaganda o incluso el ofrecimiento de descuentos en comercios o servicios pertenecientes a simpatizantes o voluntarios a cambio de la donación. Para esta finalidad también se realiza oro tipo de actividades como la campaña puerta a puerta. Una modalidad de reciente interés es el llamado crowfunding, práctica muy extendida a través de internet o redes sociales. Aunque esta fórmula no es exclusiva del ámbito público, el micromecenazgo –como también se le ha denominado– ha comenzado a usarse con fines electorales o de otra índole política. Esta modalidad precisa de un llamamiento –usualmente online– abierto a todas las personas dispuestas a sufragar una causa para que aporten cuántos recursos consideren oportunos. El total necesario, por tanto, se consigue a partir de pequeñas aportaciones individuales (Belleflame et al., 2013).
La financiación de los actores políticos, ya sean partidos, candidaturas u otras organizaciones, supone un tema recurrente de debate de importantes implicaciones en los regímenes políticos contemporáneos, pues afecta directamente a la legitimidad del sistema (Gutiérrez y Zovatto, 2011). En ese sentido, la controversia sobre cuál debe ser el origen de los recursos que los actores políticos gestionan en una dicotomía de público-privado subyace en el discurso de qué modelo democrático se postula. En síntesis, los defensores de un modelo sustentado en el apoyo público entienden que la financiación privada puede dar lugar en un extremo a la existencia de trato de favor o de corruptelas a cambio de las donaciones. Por su parte, los defensores de que sean recursos de origen privado los que sustenten a las organizaciones políticas consideran que el dinero público no debe destinarse a estos actores en tanto que el reparto de éstos puede implicar cierta desigualdad entre distintas opciones que se evitan si cada organización es autosuficiente. Los sistemas normativos de cada país optan por darle más valor a una u otra opción, aunque casi todas las regulaciones establecen sistemas mixtos donde caben recursos de ambas procedencias. Otra cuestión importante es la limitación de recursos económicos que pueden utilizar las fuerzas políticas o las candidaturas para fines electorales. La progresiva profesionalización de la actividad política y la sofisticación de las campañas electorales (americanización de las campañas electorales), conlleva tal incremento de los costes que, en ocasiones, pueden desbordarse los límites de lo que para muchos es éticamente aceptable para dichos fines. De nuevo, son las regulaciones de cada contexto las que dan respuesta a este interrogante a través de la fijación de cantidades máximas que pueden donar los particulares o que pueden percibir y gastar los actores políticos. Con todo, estos debates están culminando en la adopción de medidas que fomentan la transparencia y la racionalización en la adquisición y la utilización de los recursos, que por otra parte, se están convirtiendo en mejoras sustantivas del funcionamiento democrático y electoral.