En el ámbito académico existen múltiples definiciones de campaña electoral. Empíricamente, por campaña electoral viene entendiéndose el conjunto de contenidos comunicativos de finalidad política de las diversas opciones electorales que se producen en un plazo taxativamente fijado en una norma legal y que incluye una expresa petición de voto a una de ellas (Moreno, 2010); petición expresa que permite distinguir el periodo de campaña oficial de lo que se conoce como precampaña en países como España. Se trata por tanto de contenidos comunicativos a favor de una alternativa política que han de producirse dentro del marco de la normativa vigente en cada momento.
Con las campañas de finalidad política se persigue un objetivo político, pero no necesariamente el voto. Las campañas electorales son, por tanto, un tipo de campañas políticas en las que se pide el voto para una determinada opción política. Las campañas políticas se diferencian, al tiempo, de las campañas sociales, cuyo objetivo consiste en fomentar la aceptación de determinadas ideas, o en desincentivar la adopción de otras.
También hay muchos tipos de campañas electorales (como las elecciones sindicales, las de los órganos directivos de los colegios profesionales o de las asociaciones de cualquier tipo), pero aquí sólo nos referimos a
«las que preceden a la conformación de los órganos representativos que son expresión de la soberanía popular. Órganos para los que se producen elecciones y para los que previamente y siempre en orden a la captación de votos de los electores se producen tales campañas.» (Soler Sánchez, 2001: 31).
Asimismo, existen diversos ejemplos de campañas electorales de este tipo, en función del ámbito de las elecciones a que correspondan. Nos referimos a la distinción entre las campañas que preceden a elecciones a partir de las cuales se formarán órganos de gobierno local, intermedio, estatal o supraestatal.
Algunos autores utilizan la distinción entre campañas «de alta visibilidad» y «de baja visibilidad», para referirse al grado de interés mediático que despiertan (Johnson-Cartee y Copeland, 1997). A su vez, esta distinción se relaciona con el concepto de «intensidad» de las campañas, que se refiere tanto a la cantidad de información que reciben los votantes, como con los incentivos que tienen para votar (Lachat y Sciarini, 2003). Ambas categorizaciones se relacionan con el célebre concepto de Reif y Schmitt (1980), que distinguen entre elecciones «de primer orden» (las nacionales) y las elecciones europeas, que también entienden como nacionales, pero «de segundo orden».
De igual manera, en cada contexto nacional es preciso tener en cuenta la regulación que afecta a las campañas y que va a condicionar de facto lo que se entiende por campaña electoral, puesto que siempre se producen en un tiempo y un lugar concretos, estando sujetas a la normativa vigente en dicho lugar y momento. Las diferentes normativas establecen la definición legal de campaña electoral en cada ámbito territorial. Dicha definición legal condiciona aspectos como el periodo legalmente establecido como campaña (que influye, por ejemplo, sobre la planificación de las actividades de las formaciones políticas), o como si los partidos pueden comprar espacios publicitarios en televisión, o si pueden hacerlo en las cadenas de la televisión pública o en las de la privada, o qué fuentes de financiación pueden tener. Por supuesto, la regulación ha evolucionado de forma paralela al desarrollo de los medios de comunicación y el proceso de introducción de nuevas técnicas en las campañas electorales, debiendo adaptarse a estas nuevas realidades. De ahí que no sea posible entender la forma que toman las estrategias desarrolladas por las diferentes opciones políticas sin tener presente las normas que regulan las campañas electorales.
Para los partidos políticos, las campañas electorales son los periodos en los que han de poner en práctica una serie de estrategias encaminadas a maximizar sus posibles beneficios electorales, por ello, durante el periodo de campaña se produce una intensificación de las actividades organizativas que los partidos desarrollan para tratar de hacerse con el poder político. .
Los partidos han de dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía, logrando, al tiempo, conseguir votos. Para ello, los partidos ponen en marcha toda una serie de estrategias destinadas a influir en la agenda de los medios de comunicación, para así influir en la agenda política, esto es, en la determinación de los aspectos políticos que se consideran dignos de atención. Cada partido político intentará que los aspectos en que se centran sus propuestas coincidan con aquellos a los que los medios prestan atención, o bien tratarán de llamar la atención sobre otros, para que los medios les den relevancia y de ese modo los ciudadanos perciban que se trata de los asuntos de mayor importancia. De ahí que Thurber y Nelson (1995: 2) definieran las campañas como «luchas por la definición de los problemas públicos», esto es, combates por la definición de las prioridades públicas, por la determinación de la agenda pública. Pero los partidos tienen un objetivo claro en mente a la hora de tratar de influir sobre la configuración de las prioridades públicas: maximizar sus beneficios electorales (recuérdese que el término «campaña» procede del vocabulario castrense).